La escuela pública inició hace dos años el curso con el refuerzo de 33.323 profesores para adaptarse a los protocolos sanitarios diseñados para evitar los contagios de covid. De aquel aumento se han perdido 16.026, según el cálculo presentado este lunes por Comisiones Obreras, que reclama un incremento global de 84.055 docentes para abordar las necesidades prioritarias de la educación pública.
Según el cálculo del sindicato, el gran recorte de los refuerzos se produjo a lo largo del curso pasado, con 12.284 profesores menos, mientras que el descenso este año ha sido de 3.742. En los movimientos de las plantillas de los centros públicos intervienen factores que difieren entre comunidades, como el peso de la escuela pública, la variación de alumnado y la expansión de esta última en la Educación Infantil de 0-3 años y la Formación Profesional de grado medio y superior, que son etapas no obligatorias.
Comisiones Obreras reclama a las administraciones educativas no solo que no reduzcan los recursos extraordinarios que desplegaron por la pandemia, sino que los amplíen para aumentar la calidad de la enseñanza, la atención a la diversidad y las condiciones laborales del profesorado. El sindicato pide, en total, un aumento de 84.055 profesores, que desglosa en varios apartados. El que más contrataciones requeriría, 28.111, sería para reducir la carga de los docentes a 23 periodos lectivos semanales en Infantil y Primaria y a 18 en el resto de etapas, que ahora alcanzan, según los lugares, hasta 25 y 20 respectivamente. Los incrementos de plantilla permitirían, al repartirse la jornada entre más docentes, reducir el horario del profesorado a 35 horas semanales totales, en lugar de las 37,5 actuales.
El siguiente capítulo que más docentes adicionales requeriría (23.040) sería la reducción de las ratios utilizando para ello el criterio de que los alumnos con necesidades educativas especiales “cuente doble a efectos de ratio de los grupos ordinarios en los centros públicos”. “No se puede perder de vista que la educación pública asume el 80% del alumnado de estas características a nivel general, pero especialmente del alumnado en desventaja social o de incorporación tardía”, señala el sindicato en su informe.
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